Familias de 48 peruanos muertos en conflictos mineros desde 2004 aún no encuentran justicia

Los familiares de las víctimas del conflicto de Conga han acudido a buscar justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a los familiares de las víctimas, pide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el cierre de las investigaciones y ordene una nueva investigación fiscal con garantías, que haya un pedido de perdón público del Estado a las familias de las víctimas y al pueblo de Celendín, así como un compromiso de las autoridades para que estos hechos de represión no se repitan.

Adelaida Tabaco es también una víctima de la impunidad. Su esposo, Paulino García, falleció ese fatídico 3 de julio de 2012 por causa de una bala. En conmemoración de la muerte de Paulino García, Faustino Silva y José Sánchez, en Celendín, se instituyó el “Día de la Dignidad Celendina”. Sin embargo, Adelaida, dijo a Convoca.pe, que siente que esa fecha se va olvidando poco a poco en la memoria de la ciudad.

“Reclamo por haber perdido a mi esposo de esa manera, asesinado”, dice, entre lágrimas, la viuda de Paulino García, ante la impotencia de saber que, 12 años después, la justicia peruana no ha encontrado al responsable de la muerte de su esposo.

Los conflictos sociales vinculados a proyectos de la minera Buenaventura han generado más consecuencias fatales, como el fallecimiento del rondero Juan Montenegro Lingán, en noviembre de 2004, por un disparo en la espalda, durante las protestas contra el proyecto minero La Zanja, donde la compañía minera Buenaventura es la accionista mayoritaria.

Además, los conflictos sociales no solo tienen que ver con temas ambientales, sino también con supuestos incumplimientos de los compromisos entre las mineras y las comunidades. Uno de esos casos es la protesta de la comunidad campesina de Oyón que, en abril de 2011, bloqueó la carretera Cerro de Pasco-Oyón, que da acceso a la mina Uchucchacua, propiedad de Buenaventura.

El entonces presidente comunal de Oyón, Nemesio Meléndrez Hilario, declaró, en esos años, que los pobladores exigían que la minera cumpla el convenio firmado con su comunidad y denunciaban la contaminación de los ríos y la usurpación de sus terrenos comunales por la empresa.

El bloqueo del ingreso a la mina tuvo como respuesta que, el 17 de abril de 2011, un contingente policial dispersara a los pobladores de la vía. Durante el enfrentamiento, el adolescente Brandon Ugarte Castillo, de 16 años, falleció por el impacto de un proyectil de arma de fuego, según información de la Defensoría del Pueblo.

Los ganadores desconocidos de la reforma energética en México

Desde el inicio de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado la reforma energética, bajo el argumento de que los contratos que fueron otorgados gracias a esta reforma favorecen a las empresas privadas y no al pueblo mexicano. En 2019, el director general de CFE Manuel Bartlett renegoció algunos contratos de compra de gas natural que se firmó durante el sexenio pasado por considerarlos «leoninos», pero ni él ni el presidente han mencionado hasta ahora a Whitewater. En estos dos años y medio de gestión de López Obrador, la información de los negocios entre CFE International y Whitewater Midstream nunca ha salido a la luz, pese a los posibles conflictos de interés que existían entre sus ejecutivos, que se conocen desde hace casi 20 años.

Decenas de peticiones de información hechas entre 2019 y 2021 al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), así como directamente con la CFE, para conocer las versiones de los contratos con Whitewater fueron rechazadas bajo el argumento de que son confidenciales. No obstante, según el vocero de la CFE, próximamente la empresa estatal mexicana saldrá a hablar de estos contratos. “Esto tiene que ver con cero tolerancia a la corrupción”, dijo Bravo Navarro. “Lo que estamos haciendo es defender los intereses de la CFE, defender los intereses de los mexicanos en ese sentido y por esa razón, se emprenden acciones legales”, agregó.

A partir de la reforma energética, CFE fundó una empresa privada basada en Houston, Texas, y constituida en el Estado de Delaware, que goza de protección confidencial de sus contratos. La llamó CFE International (CFEI), y, en México, se le conoce como CFEnergía. Estados Unidos es el principal productor de gas natural en el mundo, el cual vende a los precios más bajos en el mercado. El rol de CFEI dentro del grupo de empresas que conforman a CFE es, precisamente, aprovechar la cercanía con EE UU y negociar contratos de compra y venta del combustible a los mejores precios, ya que este gas se utiliza en México para generar electricidad. Para lograr esto, CFEI necesita gozar de cierta confidencialidad, tal como tiene cualquier empresa privada que compite en el mercado y que negocia contratos con otras compañías. Revelar los precios a los que negocia la compra y venta del gas la haría vulnerable ante la competencia.

Crear un brazo privado de una empresa del Estado, como es CFEI, fue una parte importante de la apertura del mercado eléctrico en México, explica Adrián Duhalt, investigador especializado en energía del Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad Rice en Texas. “Puede ser el instrumento para incrementar la presencia de las empresas paraestatales en el extranjero”, dice el especialista.

Por lo tanto, CFEI, a diferencia de su empresa matriz y la empresa del Estado Petróleos Mexicanos, no está obligada por ley a publicar los acuerdos y negocios que hace. Es, en pocas palabras, …