El litio: ¿nueva herramienta populista?

La nacionalización del “oro blanco”, propuesta por el presidente mexicano, revive la discusión sobre la mejor manera de aprovechar los recursos naturales en América Latina, donde están las mayores reservas mundiales de este mineral. ¿Conviene que este insumo clave de la industria tecnológica quede en manos de los gobiernos?

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Las heridas abiertas de América Latina

Ilustración por Erick Retana

Por Víctor Diusaba*

“La unidad de nuestro pueblo no es una simple quimera de los hombres, sino un implacable decreto del destino. Unámonos y seamos invencibles”. Las palabras de Simón Bolívar aparecen con frecuencia en cumbres de presidentes y en documentos oficiales. En ambos casos con un único telón de fondo: la integración de América Latina.

Dos siglos después, los hechos demuestran que el sueño libertador de las cinco naciones sigue siendo, en realidad, una quimera. Al menos eso es lo que atestiguan las múltiples fracturas que conspiran contra esa posibilidad. El primero es la orientación económica del mercado, que apunta más a Estados Unidos y la República Popular China que a otros países de América Latina. El segundo son los cambios repentinos en la política exterior según el gobernante y su ideología. Y el tercero, entre otros, es el exceso de celo local, que si bien no llega a los niveles del nacionalismo exacerbado de otros lugares, establece un límite más allá de la geografía.

Pero hay otro frente abierto que necesita atención: las disputas territoriales de larga data entre países vecinos y su efecto en la integración. En realidad, América Latina tiene más acciones legales de las que a primera vista parecen, y quizás lo más preocupante es que todas son de larga duración y no parece haber un acuerdo en el horizonte.

Las diferencias entre colombianos y nicaragüenses, que han sido objeto del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia, se remontan a 1969, cuando Nicaragua estableció concesiones con particulares para buscar petróleo en áreas aledañas a Quitasueño, un cayo caribeño que pertenece a Colombia en la luz de la uti possidetis iuris principio legal de 1810. Ese principio establecía que los límites de las divisiones políticas de las colonias españolas en ese año se utilizarían como base para los acuerdos fronterizos entre los países recién independizados.

Desde entonces, el caso ha tenido sus vaivenes, incluyendo una decisión en 2007 que ratificó la soberanía de Colombia sobre Quitasueño y otros dos cayos (Roncador y Serrana), y del actual archipiélago y punto turístico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los magistrados basaron su decisión en una Real Orden de 1803 por la que la Capitanía General de Guatemala transfirió esas islas al Virreinato de Nueva Granada, como parte de una estrategia de lucha contra los piratas. Y sobre el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 y ratificado conjuntamente en 1931 por ambas naciones.

En 2012, las tornas cambiaron. Nicaragua decidió emprender la tarea de recuperar lo que consideraba sus posesiones desde 1980. Así, cambió su mirada histórica: según ellos, la parte nicaragüense había firmado el acuerdo cuando estaba bajo el control de Estados Unidos. Así que hace diez años, la corte adoptó una curiosa fórmula salomónica a medias: ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y varios cayos mientras reducía en un 43% su propiedad sobre el Mar Caribe, sobre 72.000 kilómetros cuadrados de…