“No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, (…) ¿qué sentido tiene?; ¿Qué caso tiene, si ya sabemos que están en contra de nosotros?”, sostuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante las acusadas de vigilar a sus rivales políticos. Pero lo que evitó comentar el mandatario es que, entre 2018 y 2021, tanto su administración Federal como la de otros 16 gobiernos estatales invirtieron millones de dólares en decenas de softwares o tecnología que pueden utilizarse para intervenir comunicaciones privadas de ciudadanos.
Las compras de estos artefactos se plantearon como una solución para combatir la delincuencia y rescatar a víctimas cuya vida está en riesgo, pero los resultados de las vigilancias son un misterio por la falta de información oficial. La mayoría de los Estados intentaron negar dichas contrataciones, para luego reconocerlas y justificar que jamás se ejecutaron. Tres gobiernos que adquirieron estos productos, incluso, carecen de facultades legales para utilizarlos. Mientras tanto, el marco regulatorio mantiene inconsistencias que facilitan el uso -a veces ilegal- de los dispositivos.
A pesar de la escasa información pública, e-consulta y CONNECTAS, con apoyo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)elaboró una base de datos sobre contrataciones de equipos de vigilancia, que identificó al menos 80 contratos de distintas administraciones, que destinaron 293.4 millones de pesos (14.4 millones de dólares) para la adquisición de distintos aparatos y softwares especializados en espionaje entre 2018 y 2021 Las operaciones, que fueron concretadas por la mitad de los estados del país y también por el Ejército, podrían ser muchas más ya que se desconoce la cantidad real de compras públicas por la opacidad del sistema.
Estas adquisiciones facilitan a las autoridades del país ejecutar tres tipos de vigilancias: geolocalizaciones para conocer el historial de estancia en las que se encuentran en tiempo real las personas mediante sus dispositivos o celulares; la intervención de comunicaciones privadas; y la extracción de los archivos que contienen los dispositivos, así como pueden superar las contraseñas de bloqueo para acceder a los contenidos.
Los gobiernos adquirieron, principalmente, el sistema Geomatrix con la empresa Neolinx de México SA de CV, especializado en intervenir geolocalizaciones, con una inversión nacional superior a los 147 millones de pesos (7.3 millones de dólares). También compraron diversas licencias de UFED, un programa que sirve para extraer datos de dispositivos móviles y localizar información de ciudadanos en Internet, con un pago total de 34,2 millones de pesos (1,7 millones de dólares).
Durante el último trienio, los mayores interesados en adquirir estas tecnologías fueron cuatro fiscales estatales: Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Puebla,…
