Invisibles en el infierno carcelario de Ecuador

“Las personas enfermas, de la tercera edad, personas con discapacidad y menores sexuales, han sido totalmente invisibilizadas. En las prisiones se las ubica indiscriminadamente en cualquier pabellón junto a otros detenidos más violentos, que los maltratan y extorsionan”, dice Navarrete, quien brinda apoyo a los internos y sus parientes con asistencia jurídica y humanitaria.

En el Comité de DD.HH. que Navarrete lidera recibe constantes denuncias de abusos, torturas, tratos degradantes e inclusive de asesinatos de internos con discapacidad intelectual.

En las prisiones hay 162 detenidos con discapacidad. La mayoría está recluida en Cotopaxi (30) y Sucumbíos (28), pero no hay ningún criterio médico, técnico ni jurídico que defina el sitio de su reclusión en función de su grado de discapacidad, o el lugar de su residencia, para que puedan estar cerca de sus familias.

Pero esas pálidas cifras son engañosas. Se quedan cortas, diminutas para dimensionar el tormento que viven las personas con discapacidad en las cárceles. Mercedes Vallejo conoce de cerca ese drama a través de su hijo, Jaime, de 34 años. A inicios de enero del año anterior él fue recluido en la Penitenciaría por orden de una jueza que tramitó una denuncia en su contra por un supuesto delito de abuso sexual.

Jaime Yépez fue detenido en Guayaquil con base en la acusación de la madre de la adolescente, luego de un incidente no esclarecido en la tienda que atendió en un barrio marginal.

La jueza formalizó el juicio y dispuso la detención solo con base en la denuncia, sin ningún peritaje ni examen médico que confirme los abusos. Tampoco dio paso al pedido de medidas sustitutivas, como el arresto domiciliario o el uso de un grillete electrónico mientras se desarrolla la etapa de instrucción fiscal, puesto que Jaime tenía una discapacidad mental del 70%, certificado por el Conadis desde 2010.

Ese año le diagnosticaron que padecía esquizofrenia paranoide, una enfermedad cerebral persistente crónica y una de las afecciones mentales más graves. Quienes la padecen tienen alucinaciones, delirios y paranoia. A pesar de que no tiene curación, es una enfermedad tratable con medicina de por vida.

Por eso, la madre de Jaime pocas veces se separaba de él. “Cuando tenía ataques se ponía agresivo o muy pasivo, no se podía controlar, por eso su medicamento, la risperidona, no le podía faltar. Cuando lo detuvieron, yo estaba desesperada rogándole a la jueza que no lo encarcelaran, siempre temí por su vida”, cuenta Mercedes, a quien las autoridades del centro solo le permitieron visitar a su hijo una vez, la primera semana de su detención.

Los dos meses siguientes Jaime Vallejo vivió una pesadilla. Debido a sus trastornos y alteraciones de personalidad otros presos lo maltrataron y golpearon, le robaron sus pertenencias y le quitaron la comida. “Era constantemente hostigado por el esposo de la mujer que lo enjuició y también estaba preso, junto a su…

Daniel Ortega “transformó a la Policía Nacional en un mero aparato de represión política”

Esta investigación de CONFIDENCIAL demuestra que, entre 2006 y 2020, la Policía Nacional pasó de 9200 efectivos a casi 17 000; y que en 2019 hubo un nuevo incremento, que podría llegar en 2022 hasta 19000 miembros; es decir, en estos 15 años de dictadura de Daniel Ortega, el tamaño, la dimensión de la fuerza policial, se estaría más que duplicando. ¿A qué responde este crecimiento, que no tiene comparación con las otras Policías de Centroamérica?

Efectivamente, la Policía en Nicaragua ha venido creciendo aceleradamente durante los últimos años, particularmente desde 2013, cuando se abrió un nuevo ciclo de movilización y de protesta social en Nicaragua. Eso significó un cambio en las actuaciones de la Policía, en el papel que buena la Policía venía jugando en años anteriores, y significó también que una parte de los recursos institucionales, tanto recursos humanos como recursos materiales, estaban en función de contener esas protestas y esa movilización social. Podemos ver, por ejemplo, como el pico más alto coincide, y eso no es casualidad, con los años de mayor actividad durante la protesta cívica de 2018.

Hay un crecimiento en el número de efectivos, pero también en la estructura de mando de la Policía. En 2007, por ejemplo, existían cuatro comisionados generales, que eran miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, el subdirector y otros que ocupaban cargos de mando, ahora hay 37. ¿Cómo se explica el ascenso de tantos policías? Y por otro lado, pareciera que hay generales de primera, de segunda y de tercera, porque no todos tienen la misma autoridad, y tampoco tienen el mismo salario.

Ese proceso de ensanchamiento de la estructura de mandos de la Policía corresponde con diferentes momentos que ha pasado la institución y con la estrategia de cooptación, de subordinación que Ortega ha dirigido en relación a la Policía.

Esos primeros ascensos, que estaban fuera de lo que está señalado en la carrera policial, los vimos en los primeros años, en el primer período de Ortega, porque en ese momento se estaba desarrollando un proceso de cooptación de la institución. Eso llegó un poco, pero no se detuvo a partir de 2014, cuando se descubrió una nueva ley de la Policía, y luego se volvió a incrementar a partir de 2018; y en este último tiempo, la explicación que se le puede dar a esto es que esos ascensos, esas promociones, en rango y en carga, tienen que ver con especies de premios para oficiales de la Policía que han estado vinculados con la política de represión que ha empujado Ortega desde 2018, y eso se puede ver claramente si uno revisa la lista de esos oficiales que han sido promocionados en cargo, entonces vemos que no corresponde el rango policial con el cargo que ostenta, y tampoco corresponde con el salario, porque es una forma de mantener la lealtad de esas personas.

Si la estructura de la Policía se construye con base en la lealtad política, que ahora es lealtad partidaria, y…