Chihuahua: cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio

Juan Carlos Segura, encargado de la Subdelegación de Recursos Naturales de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chihuahua, coincidió en que la tala se ha incrementado de manera alarmante en algunas regiones del estado y se ha convertido en la principal amenaza de los recursos forestales por el involucramiento de las organizaciones delictivas, que impiden el acceso a las autoridades para sus labores de inspección y vigilancia.

La Profepa tiene detectados cuatro municipios con mayor problemática, en función de que ahí se encuentran los principales centros de industria maderera establecida: San Juanito, Bocoyna, Tomóchi, Guerrero, Guachochi y Ocampo, en donde los encargados de esas empresas son obligados a comprar madera de manera ilegal, por amenazas de los grupos ilegales, mencionó Segura.

“Se han evidenciado rutas de transporte y comercialización en localidades donde mayormente, en la Sierra Tarahumara, se encuentran centros madereros, así como en la ciudad de Cuauhtémoc, Parral, Juárez y Santa Bárbara”, agregó.

Por su parte, el encargado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Alonso Heredia Sapién, reconoció que en ese estado se lava dinero con el negocio de la madera y que esa actividad está ligada a la extorsión, amenazas, robo y asesinatos, pero la ciudadanía y los mismos funcionarios le temen a los grupos delictivos que operan en la región y por eso no denuncian.

El funcionario de Semarnat informó que las pérdidas por el lavado de dinero en la entidad se estiman en 2 mil 500 millones de pesos (125 millones 355 mil dólares) al año, la misma cantidad que genera la producción forestal.

En una audiencia pública sobre la tala clandestina efectuada el martes 29 de junio, promovida por organizaciones defensoras del territorio, Gustavo Heredia solicitó a las autoridades responsables de la seguridad pública ya los legisladores ver el problema integral y reformar las leyes para vincular todos estos delitos relacionados .

Heredia explica que la tala ilegal es un robo directo a los ejidos, particulares o comunidades y describió el proceso de la comercialización de la madera: la dependencia entrega una guía forestal para demostrar la autorización para cortar esa madera (para comprobar la legalidad), que es una especie de factura –los ejidos y aserraderos no usan facturas– y esa es alterada por quienes trafican con la madera.

Otro documento que da la Semarnat dentro de la cadena de transporte y comercialización de la madera, es cuando la entregan en los centros de almacenamiento, en ese momento le llaman «madera cerrada».

En ese punto del proceso, los encargados deben solicitar Naciones Unidas código autorizado de origen inmediato, pero las autoridades han detectado que dicho código también es alterado porque los traficantes de madera agregan números a la cantidad transportada para reportar y justificar más …