Ecuador en busca de sí mismo

El analista apunta a una incapacidad para establecer una convivencia política con tendencias afines y con la oposición: movimientos y partidos de derecha e izquierda, y las autoridades de otros poderes del Estado. “Hemos visto una solicitud de renuncia dirigido al delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura, los problemas con el presidente de la Audiencia Nacional, con el Tribunal Constitucional. No ha sido solo con un partido, con el correísmo. Creo que el Presidente ha cometido el mismo error que las otras administraciones, pero no le ha funcionado. ‘Yo soy el único en la capacidad de entender a la gente y los demás están en contra de la gente.’ Es algo que aplicó Revolución Ciudadana en la presidencia de Rafael Correa, pero otras condiciones le permitieron hacerlo”, dice el experto.

En efecto, el correísmo contaba entonces con la mayoría de escaños en la Asamblea, lo que le ayudó a imponer sin contratiempos su programa de gobierno. En 2017 tenía 74 escaños de 137. En 2021, el Movimiento CREO de Lasso solo tenía doce escaños, veinte menos que en la elección anterior (2017).

Este escaso capital político ha pasado factura a los planes que pretendía el empresario guayaquileño, que llegó al poder con una tambaleante alianza con la derecha tradicional, el Partido Social Cristiano, acuerdo que se vino abajo días después de su posesión por discrepancias con el líder de esa organización política, Jaime Nebot. Sin embargo, CREO estableció conexiones para crear una mayoría en el legislativo con Izquierda Democrática y Pachakutik (el brazo político de CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Así llegó a la presidencia de esa organización, pero también fracasó este acuerdo y con él, el control de la Asamblea.

En consecuencia, el 31 de mayoS tun año después, 81 legisladores de oposición votaron a favor destituir a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Poniendo fin a un período en el que la disputa política prácticamente había borrado las funciones legislativa y fiscalizadora de ese poder del Estado.

“Es claro que con la destitución de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea, más allá de una incapacidad para generar consensos, la oposición pretendía incidir más directamente en los procesos de fiscalización, realizar juicios políticos a integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cese en su empeño de designar al Contralor General, así como a designar a otras autoridades del Estado”, asevera Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Contextualizando, esa organización nombra autoridades como el Fiscal General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, entre otros, y el gobierno está tratando de impedir que miembros de la oposición ocupen esos cargos, en particular el correísmo.

Para Alfonso Albán, periodista especializado en temas del poder legislativo y público, nada es casualidad. «YO…