Familias de 48 peruanos muertos en conflictos mineros desde 2004 aún no encuentran justicia

Los familiares de las víctimas del conflicto de Conga han acudido a buscar justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a los familiares de las víctimas, pide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el cierre de las investigaciones y ordene una nueva investigación fiscal con garantías, que haya un pedido de perdón público del Estado a las familias de las víctimas y al pueblo de Celendín, así como un compromiso de las autoridades para que estos hechos de represión no se repitan.

Adelaida Tabaco es también una víctima de la impunidad. Su esposo, Paulino García, falleció ese fatídico 3 de julio de 2012 por causa de una bala. En conmemoración de la muerte de Paulino García, Faustino Silva y José Sánchez, en Celendín, se instituyó el “Día de la Dignidad Celendina”. Sin embargo, Adelaida, dijo a Convoca.pe, que siente que esa fecha se va olvidando poco a poco en la memoria de la ciudad.

“Reclamo por haber perdido a mi esposo de esa manera, asesinado”, dice, entre lágrimas, la viuda de Paulino García, ante la impotencia de saber que, 12 años después, la justicia peruana no ha encontrado al responsable de la muerte de su esposo.

Los conflictos sociales vinculados a proyectos de la minera Buenaventura han generado más consecuencias fatales, como el fallecimiento del rondero Juan Montenegro Lingán, en noviembre de 2004, por un disparo en la espalda, durante las protestas contra el proyecto minero La Zanja, donde la compañía minera Buenaventura es la accionista mayoritaria.

Además, los conflictos sociales no solo tienen que ver con temas ambientales, sino también con supuestos incumplimientos de los compromisos entre las mineras y las comunidades. Uno de esos casos es la protesta de la comunidad campesina de Oyón que, en abril de 2011, bloqueó la carretera Cerro de Pasco-Oyón, que da acceso a la mina Uchucchacua, propiedad de Buenaventura.

El entonces presidente comunal de Oyón, Nemesio Meléndrez Hilario, declaró, en esos años, que los pobladores exigían que la minera cumpla el convenio firmado con su comunidad y denunciaban la contaminación de los ríos y la usurpación de sus terrenos comunales por la empresa.

El bloqueo del ingreso a la mina tuvo como respuesta que, el 17 de abril de 2011, un contingente policial dispersara a los pobladores de la vía. Durante el enfrentamiento, el adolescente Brandon Ugarte Castillo, de 16 años, falleció por el impacto de un proyectil de arma de fuego, según información de la Defensoría del Pueblo.