Mineras y petroleras pagaron más de US $ 18 millones a la Policía por seguridad privada

La historia del asesinato de Humberto Checya destaca entre los más de 40 casos de manifestantes fallecidos como resultado de la represión policial durante conflictos sociales. Esta podría ser la única muerte que no quede impune, pues su familia y la defensa legal han encontrado pruebas de que el suboficial Dalmer López Cáceres sería el autor de los disparos que terminaron con la vida del joven padre.

En declaraciones a Convoca.pe, el abogado Arturo Salas, de la ONG Solidaria, que representa a la familia Checya, descrito que en más de 15 años, no se ha logrado llevar a cabo ante los tribunales a un agente de la Policía involucrado en un crimen contra manifestantes en conflictos socioambientales, pues opinó que la Fiscalía actúa para mantener la impunidad en estos casos.

Salas recordó que, en el año 2017, el fiscal Yecid Zevallos Arias buscó que el caso se archive sin hacer mayores investigaciones, ni recabar testimonios, ni realizar la reconstrucción de los hechos. “Tuvimos que realizar las diligencias que la Fiscalía nunca realizó, como recoger evidencias, pruebas de disparos y conseguir indicios que apuntan al suboficial López, quien era el único que cargaba una escopeta perdigonera”, relató el abogado.

Para el abogado Arturo Salas, en las investigaciones sobre muertes de manifestantes, la institución policial no es imparcial. Durante las diligencias para reconstruir la muerte de Humberto Checya, el “espíritu de cuerpo policial”, ya que los compañeros del suboficial López afirmaban haberlo visto disparar, pero negaban que haya lanzado balas de plomo.

Convoca.pe conversó con el hijo del fallecido. Paul Checya solo tenía 14 años, en mayo de 2015, cuando su padre murió por el impacto de balas de plomo. Él considera que durante la investigación fiscal hubo una intención de ocultamiento de la PNP durante los peritajes de reconstrucción de los hechos. “No nos daban la información correcta. También quisieron archivar el caso varias veces ”, contó.

Paul Checya sigue esperando que las autoridades peruanas le pongan fin a la sensación de impunidad que tiene su familia y que ese sea el camino para que otros familiares de personas fallecidas en conflictos sociales con empresas mineras obtengan una reparación. «Espero que tengamos una indemnización del Estado, tanto yo como mi hermana, pero también para otras víctimas de asesinatos», dijo Paul, quien junto a su familia lleva más de seis años a la espera de encontrar justicia.