Puerta Abierta a Medias de España – CONNECTAS

Ilustración: Erick Retana

Por Víctor Diusaba

La alerta volvió a dispararse en mayo. Esta vez en la Costa Brava, uno de los principales destinos turísticos de España. Desesperados por tener clientes pero no empleados para atenderlos, docenas de pequeñas empresas en la industria hotelera estaban dispuestas a limitar sus horas de trabajo al mínimo. Algunos incluso amenazaron con bajar las persianas de sus bares y restaurantes hasta nuevo aviso.

La situación no es nueva. Quizá por eso el gobierno del socialista Pedro Sánchez tuvo la imperiosa necesidad de acometer reformas contundentes de la Ley de Extranjería, su ley de extranjería, como prometió a mediados de 2020. Los cambios, aprobados por el Consejo de Ministros, fueron consideradas “medidas profundas” por José Luis Escrivá, encargado de la Seguridad Social. Según él, el objetivo es fomentar “una migración regular organizada y segura”.

Esta reestructuración abarca varios frentes. Reconoce un hecho migratorio innegable: miles de personas han llegado a la Península Ibérica como turistas con intención de quedarse. Hoy forman parte de la fuerza laboral del país, aunque de manera encubierta, y no se les ofrecen las garantías mínimas de un contrato legal. La reforma parece dar a los inmigrantes la posibilidad de obtener un permiso de residencia y trabajo, preferentemente en los oficios de mayor demanda, para lo cual los solicitantes deben alcanzar niveles de especialización a través de cursos de formación.

El gobierno espera lograr varios resultados simultáneos con esta reforma. Por un lado, España quiere legalizar a muchas personas que se exponen a copiosos abusos por parte de empresarios sin escrúpulos que les pagan con moneda negra, es decir, por debajo de la mesa, sin garantías legales. Y por otro, anticipa los recursos de la población ingresando al sistema económico legal, en una política de tres vías que podría traducirse en mayores índices de seguridad y control por parte de las autoridades.

La reforma también contempla a los estudiantes internacionales. Según cifras oficiales, en 2019 el Sistema Universitario Español (SUE) tenía 208.366 estudiantes internacionales matriculados en educación superior. A partir de ahora, podrán trabajar hasta treinta horas semanales, el 75% de las cuarenta horas que constituyen el máximo permitido por ley en el país. En realidad, muchos de ellos lo vienen haciendo, pero son víctimas de arbitrariedades y persecuciones.

La ley renovada también se centra en los trabajadores temporales (habituales en España) que recogen las cosechas en los campos en época de recolección y que en su mayoría proceden de África y América Latina, por ese orden. En 2020, en medio de la pandemia, el país requirió con urgencia 80.000 de ellos. Ahora,…