¿Qué papel juega la justicia en la lucha contra el cambio climático en el mundo?

Académicos y juristas de todo el mundo, especializados en medio ambiente y cambio climático, no dudan en afirmar que en los jueces y en sus decisiones hay una herramienta novedosa y con mucho potencial para lograr la protección a los recursos naturales. Su principal importancia radica en que, a través de sus órdenes, se puede obligar a un Estado y toda su estructura a proteger ríos, páramos o selvas, y hasta comprometerlos a reducir la producción de dióxido de carbono. En esos debates, cada vez es más común escuchar términos como el de la justicia ambiental y justicia climática como el camino para que los ciudadanos hagan respetar sus derechos a tener acceso a un medio ambiente sano. Una estrategia que podría evitar el recrudecimiento, aún más, del cambio climático.

La fórmula ha resultado esperanzadora. Los primeros en ponerla en práctica fueron Nueva Zelanda, a través del Acuerdo Ruruku Whakatupua Te Mana o Te Iwi O Whanganui, y la India, en la sentencia PIL No. 126, respectivamente, cuando dos de sus altos tribunales de justicia declararon que dos de los ríos más importantes de sus naciones debían tener los mismos derechos que los de una persona. La idea fue revolucionaria pues, con el reconocimiento del río como sujeto de derechos (ese es el término jurídico), cualquier persona que lo perjudique o le produzca cualquier daño se enfrentará a la justicia como si ese perjuicio lo cometiera en contra de otro ser humano . Aunque hoy esta explicación podría resultar lógica, hasta ese entonces ningún país había hecho algo similar.

Pero el cambio se dio por una interpretación jurídica pues, hasta ese momento, en el mundo jurídico la diferencia entre las personas y los objetos o cosas (en este caso un río), permitía que solo los seres humanos fueran sujetos de derechos. A raíz de las decisiones de Nueva Zelanda e India, otros países como Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Colombia, hicieron lo mismo con sus afluentes y otros recursos naturales. En el contexto nacional, los tribunales han hecho intentos similares. El primero fue la Corte Constitucional cuando, en 2016, a través de la sentencia T-622 de 2016, Declar que el río Atrato debe ser considerado como un sujeto de derechos y obligado a todo el Estado, desde las comunidades hasta el presidente, protegerlo de la minería, la contaminación y cualquier perjuicio.

A raíz de esa decisión, ya corte de 2020, en el país se han protegido así 12 recursos naturales, entre ellos, el páramo de Pisba (Boyacá), el Parque de los Nevados (en los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío) y, por supuesto, el Amazonas (protección ordenada por la Corte Suprema en 2018). Una apuesta que ha resultado ambiciosa, pues en esas sentencias se plasmaron todo tipo de órdenes a entidades públicas y privadas para lograr la protección de esos recursos pero que, hasta ahora, sus cumplimientos están por verso. Más allá de acatar o no las …